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  Jueves, 19 de Octubre del 2017  email: miradorinformativo.com@gmail.com   
  Un gobierno confrontado con la población
Álvaro Belin Andrade
Hora Libre
 

  La gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares amenaza con convertirse en un verdadero desastre. Aunque su incapacidad en materia de seguridad pública e impartición de justicia ha puesto en jaque a la población de al menos tres centros urbanos importantes (Poza Rica, Córdoba y Coatzacoalcos), donde no ha parado el baño de sangre ni la desaparición de personas, lo cierto es que ha tenido la peculiaridad de extender los riesgos a la mayor parte de la entidad.

Para colmo, a esas jornadas de terror en contra de la población indefensa protagonizadas por bandas criminales que realizan su trabajo sin el menor contratiempo, se han unido –como antaño– los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, en muchos casos actuando como grupos de choque del PAN en contra de quienes, según el parecer del propio gobernador, se mueven políticamente, algo que solo permite a su hijo, el alcalde de Boca del Río.

Lo ocurrido este lunes justamente en este municipio, cuando dos agentes ministeriales trataron de secuestrar (no se puede decir que aprehender, pues no llevaban el documento legal para hacerlo) a una mujer que, después se supo, era una médica que realizaba sus labores cotidianas, y quien fuera confundida con no se sabe qué persona, no solo muestra la precariedad de las instituciones públicas de Veracruz, capaces de afectar a ciudadanos inocentes, sino la caradura de las autoridades, desde el gobernador, que más tarde se disculpó públicamente, hasta el fiscal Jorge Winckler, quien se limitó a anunciar que había puesto de patitas en la calle a sus desorientados policías.

No es la primera vez que con el despido de personal tratan de zanjar sus ineptitudes y despropósitos. Cuando el escándalo nacional por el uso vergonzoso de la desgracia ajena para propósitos electorales en favor de los Yunes, hecho tras el sismo que afectó la zona del Istmo en el sur de Veracruz, el gobernador se desentendió del tema y solo anunció el despido de los funcionarios públicos que habían llevado despensas y material de construcción con los colores y el logotipo usados en la campaña electoral del PAN-PRD, con el deleznable propósito de colocar en la mente de los pobladores a quien contenderá el próximo año por la gubernatura.

Por cierto, a ellos solo se les despidió pero no se les siguió juicio por delitos electorales, mientras que en el caso de las despensas reunidas por el Colegio de Ingenieros Electricistas en el Puerto de Veracruz, dos personas fueron llevados a la cárcel, decomisadas las despensas pese a que no mostraban identidad de partido alguno y sometida la esposa de uno de los detenidos a un cobarde golpeteo mediático.

Algo debe estar pasando por la mente del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de sus colaboradores tanto del PAN como del PRD, que han convertido las próximas elecciones en un asunto de la mayor importancia, desplazando temas de gobierno que debieran apresurarse ante la inminencia de la mitad del bienio.

Y esa preeminencia del poder, de la ambición política, del proyecto monárquico de heredar los bártulos y, por ende, la desmedida concentración de las decisiones en el gobernador para que nada se salga de su exclusivo control, ha hecho que el gobiernito de dos años solo sirva para propaganda política, ajuste de cuentas con esos enemigos acumulados en los últimos doce años y la extensión de un inútil gobierno que dará resultados pequeños y a cuentagotas.

Creciente delincuencia, la peor propaganda

Las cosas en materia de seguridad pública no deja lugar a dudas sobre, ya sea, la inutilidad de los jefes policiacos, comenzando por el gobernador ‘experto’ en el tema y el titular de la SSP, para establecer las estrategias adecuadas que atiendan la emergencia, o ya sea el aprovechamiento de ese clima de terror para establecer medidas de control social y político en todo el territorio por parte de un político experto en ese tema.
De enero a agosto, el robo con violencia en carreteras a camiones que transportan mercancías se disparó en 129.41 por ciento en Veracruz. En ese periodo fueron abierto expedientes por 39 denuncias de afectados por ese delito, 22 más que el mismo periodo del año pasado, cuando solo hubo 17 querellas.

Hasta tres tráileres son robados cada día en carreteras de Veracruz sin que ninguna autoridad, estatal o federal, pueda frenar la ola de inseguridad que se vive, según denuncia de la Alianza Mexicana de Organizaciones del Transporte de Carga (Amotac), y precisó que los tramos más peligrosos son Río Blanco-Orizaba-Maltrata-Mendoza-Córdoba y el de Rancho Trejo hasta a Sayula de Alemán.

Esta versión va aparejada con la de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que consideró a 2017 como el año más violento de los últimos 20 años para el transporte de carga, ante el incremento de robos en carreteras.

Este dato es, por supuesto, sintomático de lo que ocurre en la entidad, pero no es el único. En las últimas fechas son constantes las denuncias hechas no solo ante las autoridades ministeriales sino incluso en esas redes sociales a las que tanto apuesta el gobierno de la entidad para jactarse de resultados que nadie ve, sobre el robo violento de vehículos y pertenencias en carreteras y autopistas del estado, en particular en la zona de Orizaba.
Veracruz está cercado por la delincuencia, pero el gobierno está entretenido en realizar proselitismo.

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