martes 25 de febrero del 2020

Outsorcing y el fin de la explotación laboral: liberales vs conservadores

Hace algunas semanas, durante su ya famosa conferencia mañanera, el Presidente de la República informó que el Gobierno Federal iría tras las empresas que ejercen subcontratación de forma ilegal, mejor conocida como outsorcing, a la vez que dio a conocer que se tienen identificadas más de 1,200 empresas bajo este esquema de evasión tributaria.

Paralelamente, en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se discutía una iniciativa para su regulación presentada por el Senador de MORENA Napoleón Gómez Urrutia, que generó pronunciamientos de todo tipo y dejó entrever con meridiana claridad la ideología política de actores y partidos políticos; por un lado MORENA como precursor de dicha iniciativa y por el otro PRI y PAN encabezando el bloque opositor.

Lo que resulta lógico si recordamos que fueron estos últimos quienes dieron pie a la legalización del outsorcing a través de la reforma laboral durante el sexenio peñista, al amparo del «Pacto por México».

Ni bien había sido presentada la iniciativa y el Consejo Coordinador Empresarial se apresuró a manifestar a través de un comunicado que de aprobarse significaría una amenaza para todos los trabajadores del país que se ubican en este régimen de contratación y que pondría en riesgo su estabilidad laboral y la vida misma de las propias empresas.

Lo cierto es que el outsorcing ilegal se encuentra presente hoy día en un gran número de empresas y se estima que actualmente más de 5 millones de trabajadores se encuentran contratados bajo este mecanismo de explotación laboral.

El outsorcing o régimen de sub contratación surgió en la década de los 80’s, sin embargo tomó fuerza ya entrado el siglo XX cuando un gran número de empresas traspasaron parte de su plantilla laboral a terceros para disminuir sus obligaciones contractuales como prestaciones sociales y cargas fiscales, creando una consiguiente precariedad laboral para la clase trabajadora mexicana.

Si bien el outsorcing está automáticamente asociado a una actividad ilícita, lo cierto es que existen condiciones que permiten su operación de manera legal, esto es, cuando una empresa subcontrata a otra para la prestación de servicios técnicos que requieren especialización en ciertas áreas, con el objeto de no distraerse de su actividad principal. Este tipo de outsorcing es válido y se encuentra previsto en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, un gran número de empresas hacen uso del outsorcing ilegal; es decir, deciden traspasar su plantilla laboral subcontratando terceras empresas para selección, reclutamiento y contratación de recursos humanos, cuyo fin en realidad es la evasión de impuestos y cuotas ante el IMSS, la elusión de obligaciones con los trabajadores, tales como utilidades, prestaciones sociales (cotizaciones para el retiro y vivienda principalmente) y prestaciones derivadas de la antigüedad.

Este tipo de outsorcing o sub contratación ilegal tuvo su auge en el sexenio pasado, luego de que los partidos signantes del mal llamado Pacto por México, aprobaron entre las reformas estructurales, la laboral, normalizando el uso de este perverso esquema que permite la explotación de la clase trabajadora sin las prestaciones mínimas de ley y a su vez, genera jugosas ganancias a las empresas que lo utilizan. De ahí que existan fuertes intereses para que la iniciativa que se discute en el Senado y que ya ha sido aprobada en comisiones se quede en la congeladora.

Cada fuerza política ha fijado ya su postura al respecto y reforzado sus posiciones: por un lado los liberales, quienes buscan mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora; y por el otro los conservadores, quiénes defienden los intereses de las grandes corporaciones. En tanto el Presidente de México ya lanzó el primer misil: «quien no cumpla con la ley, será acusado de delincuencia organizada».

La nueva reforma laboral que se discute en el Congreso de la Unión no es cosa menor, es una reforma trascendental para la Cuarta Transformación, que de aprobarse, impactará definitivamente las relaciones obrero – patronales para el bienestar de los trabajadores mexicanos.

Jorge Ignacio Luna Hernández
Abogado de profesión
Regidor Tercero del Ayuntamiento de Coatepec
Maestrante en Administración Pública